Una nueva ley que impone penas más duras por el tráfico de armas está dando a los fiscales estadounidenses una poderosa herramienta para combatir el flujo ilícito de armas desde Estados Unidos hacia México.
Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que en el año transcurrido desde que el presidente Joe Biden promulgó la Ley bipartidista de comunidades más seguras en junio de 2022, han acusado a más de 100 personas bajo sus disposiciones sobre tráfico y compras de armas a terceros.
¿Qué dice la ley?
La legislación histórica introdujo los primeros cambios importantes en las leyes de seguridad de armas de Estados Unidos desde la prohibición federal de armas de asalto de 1994. La ley estableció un delito de conspiración de tráfico de armas de fuego independiente que se castiga con hasta 15 años de prisión. También penaliza la compra falsa, que implica comprar un arma de fuego para alguien que tiene prohibido legalmente comprar un arma.
La fiscal general adjunta Lisa Monaco señaló que más de la mitad de todos los casos de tráfico de armas de fuego han sido presentados por fiscales federales en estados fronterizos como Texas y Arizona.
Weapons of war have no place on the streets of a civil society.
— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 15, 2023
Congress must pass an assault weapons ban. President Biden will sign it.
Lucha contra el tráfico de armas
En los últimos años, el tráfico de drogas de México a Estados Unidos ha recibido una amplia atención pública, pero no la afluencia de armas que se mueven en la dirección opuesta.
Funcionarios estadounidenses y mexicanos dicen que el problema del tráfico de armas es igualmente grave, con consecuencias igual de mortales para las personas en ambos lados de la frontera.
Todavía no se sabe con certeza cuántas armas se introducen de contrabando en México, pero se cree que la cantidad es enorme. Una estimación sugiere que podría llegar a medio millón de armas al año.
Un estudio reciente de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos encontró que casi el 70 % de las armas de fuego recuperadas en México entre 2014 y 2018 y enviadas para su rastreo estaban vinculadas a Estados Unidos. Una estimación del gobierno mexicano lo sitúa en un 90%.
