Un operativo policial para desactivar cámaras de videovigilancia instaladas en un templo de Villahermosa, en el estado de Tabasco, provocó una confrontación entre la Iglesia Nacional Presbiteriana y autoridades estatales.
El retiro de los equipos, ubicados en la calle Zaragoza, generó reproches de los pastores y de vecinos, que aseguran que las cámaras servían para prevenir delitos y proteger a los feligreses.
Iglesia Presbiteriana denuncia presuntos abusos de autoridad del grupo FIRT Olmeca
Según líderes de la iglesia, agentes del Grupo Especial de Reacción conocido como FIRT Olmeca acudieron al lugar y retiraron los aparatos sin notificación previa.
Los pastores rechazaron las acusaciones de uso ilícito de las cámaras y dijeron que los equipos fueron comprados con sus propios recursos y se empleaban para documentar actos vandálicos y robos, además de colaborar con las autoridades mediante la entrega de grabaciones que han ayudado a esclarecer delitos.
La postura de la Iglesia Nacional Presbiteriana ante el operativo
La iglesia pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue las actuaciones del grupo FIRT Olmeca. Los representantes señalaron que ese cuerpo especial arrastra múltiples señalamientos por presuntos abusos: denuncias de robos, extorsión, detenciones ilegales, fabricación de delitos y tortura, que hasta ahora, afirmaron, han quedado sin sanción por parte del Gobierno estatal.
Vecinos y autoridades: El debate sobre la vigilancia comunitaria en Tabasco
Vecinos afectados y otros ciudadanos se sumaron a los reclamos al señalar que la remoción de cámaras no sólo limita la prevención del delito, sino también la posibilidad de documentar posibles faltas de las propias autoridades.
En una conferencia de prensa, los líderes presbiterianos calificaron el desmantelamiento como un acto arbitrario que vulnera el derecho a la seguridad y que afirmaron podría perseguir un objetivo de desprestigio en su contra.
Autoridades locales atribuyeron el operativo a la detección de un supuesto uso irregular de los equipos, pero en la versión pública la iglesia mantiene que nunca recibieron notificación formal ni explicación clara sobre el procedimiento. Por ello pidieron respuestas claras de la Fiscalía y demandaron que se respeten los mecanismos comunitarios de vigilancia que ayudan a la seguridad vecinal.
