Apenas a una semana del asesinato a balazos del periodista y analista político Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien antes de su ejecución en San Pablo Etla había denunciado públicamente el hostigamiento y persecución del gobierno estatal, un nuevo caso de intimidación contra el gremio ha encendido las alarmas sobre los métodos de control y la falta de garantías para la labor informativa en la entidad.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la activación del protocolo de protección a favor de la comunicadora Jaqueline Robles, luego de que ella misma denunciara que sujetos desconocidos a bordo de un automóvil sin placas fotografiaban de forma clandestina su domicilio.
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— Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 28, 2026
Fiscalía de Oaxaca brinda medidas de protección y atención inmediata a periodista tras denuncia
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, derivado de los hechos reportados por la periodista Jaqueline Robles y de la denuncia presentada… pic.twitter.com/RMxBloXK7X
¿Por qué le otorgaron medidas de protección a la periodista Jaqueline Robles en Oaxaca?
La polémica escaló cuando la propia institución de procuración de justicia reconoció que el vehículo sospechoso pertenecía a sus mismos elementos realizando supuestas "labores de investigación", de las cuales omitió dar detalles o justificación legal alguna.
"Aplica la de 'nosotros nos cuidamos de nosotros mismos'... Increíble que la propia fiscalía envíe personal a fotografiar el domicilio de una comunicadora y, tras ser exhibidos, le otorguen protección contra ellos mismos", denunciaron integrantes del gremio periodístico en la entidad.
Intimidación y hostigamiento a comunicadores en la administración de Salomón Jara
Pese al absurdo institucional de ofrecer resguardo tras quedar al descubierto la vigilancia hacia la periodista, la FGEO activó los mecanismos de seguridad sin aclarar bajo qué carpeta o motivo procesal se mantenía a Robles bajo espionaje. El hecho se suma a una serie de señalamientos de represión, censura y acoso judicial emprendidos durante la administración del gobernador Salomón Jara Cruz contra voces críticas de la prensa oaxaqueña.
La actuación de las autoridades locales reaviva la desconfianza de los comunicadores en la región, quienes recuerdan que apenas unos días atrás, las denuncias por persecución estatal culminaron en la trágica ejecución de Francisco Alejandro Leyva, un crimen que tuvo que ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la falta de garantías en las indagatorias locales.
