Confiar fue su delito: el caso de Daniela y la brutalidad que quedó grabada en la marcha de la Generación Z

A sus 23 años, Daniela Toussaint ya conoce lo que significa enfrentar brutalidad policiaca, tortura, incomunicación y un delito fabricado en su contra. Su único “pecado”, como ella lo describe, fue registrar con su cámara lo que ocurría el pasado 15 de noviembre, durante la marcha de la Generación Z, donde cientos de personas exigieron al Gobierno que hiciera su trabajo.

Ese día, Daniela grabó cada momento. En los videos se escucha cuando pide a los policías que detengan las agresiones contra manifestantes. Sin embargo, los uniformados la rodearon y, con engaños, la llevaron detrás de la fila de granaderos. Ahí comenzaron los golpes.

Daniela relata que confió en los policías. Pensó que la llevarían a un lugar seguro. Pero sucedió lo contrario: “Me hice bolita y me empezaron a golpear… sentí que podían matarme por un mal golpe porque eran hombres”, contó.

Pese a los gritos y súplicas, la joven siguió siendo golpeada. Su prioridad fue proteger su cámara y la tarjeta de memoria, donde había registrado los abusos. “Solo le pedía a Dios que me ayudara”, recuerda Daniela.

Más tarde fue llevada a una calle entre la Suprema Corte y Palacio Nacional, bajo el pretexto de brindarle atención médica. Pero ahí continuaron las agresiones. Durante tres horas y media estuvo incomunicada, golpeada y atemorizada, antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público.

La joven denuncia que en ese lapso recibió cachetadas, golpes y que los agentes le quitaron su celular.

Incluso detalla que un muchacho detenido junto a ella fue rapado como parte de la humillación.

“Nos torturaron y nos humillaron, se burlaban de nosotros”, declara.“Me dijeron que me iban a desaparecer…”El miedo, afirma, fue tan intenso como el dolor.

Tras su detención, Daniela fue acusada de homicidio en grado de tentativa, una imputación que no pudo sostenerse ante el juez. El delito fue reclasificado a resistencia de particulares, por lo que fue vinculada a proceso, pero enfrentará la causa en libertad.

Aun así, deberá firmar de manera bimestral y será ella quien deba demostrar su inocencia, pese a que las imágenes muestran claramente que solo documentaba los hechos.

Actualmente sufre fuertes dolores de cabeza por los golpes y lleva en la frente una cicatriz que permanecerá toda su vida. Más doloroso aún, dice, es el recuerdo de que quienes debían protegerla fueron quienes se convirtieron en sus agresores.

El caso de Daniela se suma a una larga lista de denuncias por uso excesivo de la fuerza, intimidación y detenciones arbitrarias durante manifestaciones. Organizaciones civiles han insistido en investigar protocolos policiales y exigir sanciones para los elementos involucrados.

Su historia vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de garantizar el derecho a grabar y documentar actos de autoridad, así como asegurar que periodistas, activistas y ciudadanos no sean criminalizados por hacerlo.