Los despojos en la Ciudad de México (CDMX) están imparables. Dejar de pagar el mantenimiento del condominio podría costarle la casa a cinco adultos mayores en la colonia Doctores, quienes denuncian estar viviendo un calvario de acoso judicial y un intento de despojo por parte de la administración de su edificio.
El caso más extremo es el de la señora Patricia Bobadilla: por una supuesta deuda de mil 424 pesos, un juez civil no solo ordenó congelar sus cuentas bancarias, sino que determinó que su departamento fuera puesto en subasta como garantía de pago.
Este es el drama que se vive en el Edificio Géminis del Conjunto Habitacional Morelos, donde cinco adultos mayores aseguran que los procesos civiles en su contra son, en realidad, un “método de despojo”.
“Nos está tratando de despojar a cinco condóminos de nuestra propiedad”, acusa Luz Bertha Mendoza, otra de las víctimas.
Una ley “sin condescendencia” en la CDMX
La situación ha escalado a un ambiente de hostilidad, con asambleas llenas de gritos y empujones. La señora Patricia incluso denunció penalmente al administrador, Humberto Martínez Suárez, por presuntamente haberla aventado contra la pared, aunque él lo niega.
El conflicto se ampara en la Ley de Propiedad en Condominio de la Ciudad de México, la cual es descrita como “no condescendiente”. La legislación no hace distinciones: así deba poco o mucho, sea una persona de la tercera edad, esté enfermo o desempleado, un adeudo puede iniciar un juicio con consecuencias graves.
Despojo en CDMX: Un patrón contra los más vulnerables
Los vecinos afectados aseguran que no es coincidencia. Otro de los casos es el de Don Rogelio Suárez, declarado clínicamente discapacitado. Él asegura haber pagado ya una fuerte suma por adeudos pasados, pero su caso sigue atorado en la Procuraduría Social (PROSOC).
“Les pagué todo, 170 mil pesos aproximadamente de cuatro años que debía... y ya hasta ahorita sigo depositando cada mes lo que es el mantenimiento”, explica Don Rogelio, sin entender por qué el proceso en su contra no se detiene.
Las víctimas se dicen en total indefensión, gastando lo que no tienen en abogados para defender su patrimonio. “Estamos viviendo un estado de indefensión total, hemos contratado abogados, hemos gastado lo que no tenemos”, lamenta Luz Bertha.
Por su parte, el administrador, Humberto Martínez Suárez, se limita a decir que “la ley asiste a la asamblea”, sin importar la condición de sus vecinos, y se ha negado a dar una entrevista a Fuerza Informativa Azteca para explicar qué pasará con los departamentos si sus dueños legales los pierden en la subasta.
