El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, volvió a exponer la violencia que sufren los productores agrícolas en México a manos del crimen organizado.
Su muerte, ocurrida el 19 de octubre, es el reflejo más reciente del dominio que los grupos criminales ejercen sobre las regiones productivas del país, donde los agricultores viven bajo amenazas, secuestros y asesinatos por negarse a pagar el llamado “derecho de piso”.
Bravo encabezó la lucha contra esas extorsiones, que en Michoacán llegan a exigir tres pesos por cada kilogramo de limón producido. No hubo escoltas ni protección estatal que impidieran su tortura y asesinato.
Las autoridades locales, pese a conocer las denuncias, no pudieron o no quisieron intervenir. Días después del crimen, la Fiscalía estatal informó sobre cinco detenidos presuntamente vinculados a los grupos Los Viagras y Los Blancos de Troya, pero la respuesta llegó tarde.
El asesinato de Bernardo Bravo, líder citrícola de #Michoacán, evidenció la grave crisis de extorsión a productores por parte del #crimenorganizado.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
En menos de una semana, dos dirigentes que denunciaron los cobros de piso fueron asesinados, mostrando la inacción de las… pic.twitter.com/LXqa876y8y
Extorsión, una epidemia nacional
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 8 mil denuncias por extorsión, lo que equivale a 29 casos diarios y representa un incremento de 5% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 7 mil 675. Los expertos advierten que el problema es mucho mayor, pues la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo.
El asesinato de Bravo no fue un hecho aislado. Apenas cuatro días después, el 23 de octubre, en Álamo Temapache, Veracruz, el empresario citrícola Javier Vargas Arias fue ejecutado a tiros mientras supervisaba sus cultivos. Ambos líderes habían denunciado el hostigamiento de bandas criminales que cobran cuotas ilegales a los productores.
Muerte de Bernardo Bravo y Javier Vargas levanta las protestas contra el Estado
Las muertes de Bernardo Bravo y Javier Vargas evidencian la inacción del Estado frente a un fenómeno que asfixia a sectores productivos enteros. Para especialistas, estos crímenes buscan silenciar a quienes denuncian la extorsión y enviar un mensaje de terror a los demás agricultores.
Mientras las autoridades anuncian detenciones, las familias de las víctimas marchan para exigir justicia. En los campos citrícolas de Michoacán y Veracruz, el miedo sigue sembrado.
