La gobernadora interina del estado de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, propuso ante el congreso del estado brindarle una pensión de más de 67 mil pesos a Alberto Jorge Contreras Núñez, "El Cholo", exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa, quien es uno de los diez señalados por Estados Unidos de vínculos con el narco.
El documento enviado al Congreso del Estado
El trámite se activó en el congreso luego de que se recibió un documento firmado por la gobernadora. En la solicitud se plantea la formalización de la jubilación de Alberto Jorge Contreras, bajo un retiro anticipado.
La cantidad exacta que se daría al exfuncionario sería de 67 mil 477 pesos.
Por ahora, la propuesta está en manos de los diputados locales, quienes decidirán si aprobarán o rechazarán la petición directa de la gobernadora que se encuentra cubriendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Quién es el exjefe que recibiría la pensión
El que recibiría la pensión es un exfuncionario de 45 años que fungió como Comisario General de la Policía de Investigación dentro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa hasta febrero de este año.
"El Cholo" fue incluido e las acusaciones de Estados Unidos en contra los diez funcionarios y mandos policiales que, según las autoridades, tenían relación directa con grupos del narco como el Cártel de Sinaloa.
Qué cargos se le atribuyen al exjefe policial
El expediente del Departamento de Justicia señala acusaciones graves en contra del exjefe policial que se relacionan directamente con la seguridad internacional.
Los tres cargos principales en su contra son conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de conspiración para poseer dicho armamento.
De ser capturado y enjuiciado con esos cargos, las penalizaciones potenciales van desde una estancia mínima de 40 años en prisión hasta la cadena perpetua.
Qué opinan los ciudadanos sinaloenses
La difusión de la iniciativa generó reacciones de rechazo entre los ciudadanos del estado sinaloense. Al ser cuestionados sobre su opinión respecto a la entrega de dinero público, miembros de la comunidad manifestaron su inconformidad ante que los exfuncionarios con señalamientos criminales no deberín recibir recompensas económicas de parte del estado mexicano.
Los entrevistados coincidieron en que el dinero de los impuestos no debe usarse para proteger a personas señaladas por tribunales internacionales.
