La Comisión Permanente recibió la iniciativa que envió la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para abatir el rezago, la corrupción, los privilegios excesivos y la poca supervisión en el actual sistema de justicia, así como garantizar la seguridad de las personas juzgadoras.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó a la asamblea que el proyecto fue remitido de manera directa a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, desde el pasado 23 de junio.
Se trata de reformas a disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Estos cambios buscan, entre otros puntos, establecer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, que el Órgano de Administración Judicial podrá solicitar a efecto de dar certeza a las partes procesales.
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Respecto a la figura de los jueces sin rostro, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña recordó el caso del fiscal antimafia Giovanni Falcone, que fue asesinado por combatir a la mafia italiana.
“Estamos en el momento de aplicar esa medida. Habrá un momento en que ya no sea necesaria, pero ahora cualquier persona juzgadora que tú la pongas al frente de un proceso de gran envergadura, pues su vida está este (…) no sólo en riesgo. Como dice el propio (Roberto) Saviano, que desde los 28 años está con protección permanente y vive como testigo protegido en condiciones muy difíciles, la mafia no perdona y tarde o temprano ejecuta su sentencia”, dijo en entrevista.
La iniciativa del Ejecutivo también plantea que los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, adscritos a otras Unidades Administrativas diferentes a la Unidad Especializada que investiga la delincuencia organizada, puedan investigar y perseguir los delitos en dicha materia con el consentimiento de ésta.
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Además, adecúa definiciones de las nuevas instituciones que regulan la actividad administrativa de las personas juzgadoras, así como los esquemas disciplinarios, a través del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, respectivamente, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y de las judicaturas de las entidades federativas.
También se establecen los plazos procesales para garantizar una justicia más pronta; enfatizar las características de los elementos probatorios; la introducción de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras; conductas susceptibles de prisión preventiva oficiosa; notificaciones electrónicas; supuestos de flagrancia; diligencias con control judicial ex post; el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas y afromexicanas; y el uso de lenguaje incluyente.
