El juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF), ha dictado una nueva orden judicial contra Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil. Este lunes, el magistrado determinó la imposición de prisión domiciliaria tras concluir que Bolsonaro incumplió las restricciones que le habían sido impuestas previamente como parte de la investigación sobre el intento de golpe de Estado en el país.
Motivos detrás del arresto domiciliario de Bolsonaro
Según detalló el juez Moraes, el expresidente utilizó cuentas de redes sociales de sus hijos y aliados políticos para difundir mensajes que, en palabras del magistrado, tienen “claro contenido de estímulo e instigación a ataques al Supremo Tribunal Federal y descarado apoyo a la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño”.
Pese a no publicar directamente desde sus perfiles personales, el juez consideró que Bolsonaro violó la medida cautelar que le prohibía cualquier tipo de manifestación o incitación relacionada con el proceso judicial en curso. En palabras del propio Moraes:
“No cabe duda de que la medida cautelar impuesta a Jair Messias Bolsonaro no se cumplió", haciendo énfasis en la estrategia indirecta del expresidente para continuar emitiendo mensajes políticos a través de terceros.
Medidas impuestas a Bolsonaro
La nueva resolución establece que Bolsonaro deberá cumplir prisión domiciliaria con una serie de restricciones adicionales:
- Uso obligatorio de pulsera electrónica en el tobillo.
- Prohibición de visitas, exceptuando a familiares directos y defensores legales.
- Requisa de todos los teléfonos móviles disponibles en la residencia del expresidente.
Estas decisiones forman parte de un proceso que sigue escalando en el ámbito político y jurídico de Brasil, con implicaciones directas en la figura del exmandatario y su entorno.
¿De qué acusaron a Bolsonaro?
La investigación liderada por el STF busca esclarecer la participación de Bolsonaro en los eventos relacionados con un intento de desestabilización institucional ocurrido tras las elecciones. El tribunal ya había aplicado medidas preventivas en su contra, limitando su presencia en redes y su capacidad de comunicación política.