La idea del presidente Donald Trump de rehabilitar la histórica prisión de Alcatraz está cobrando seriedad, en un momento en que la administración busca aumentar la capacidad de detención en el país. Durante la semana, altos funcionarios del gobierno, entre ellos la fiscal general Pam Bondi y el secretario de Interior Doug Burgum, visitaron las emblemáticas instalaciones para evaluar de primera mano su condición actual.
Trump evalúa la reapertura de Alcatraz como parte de su estrategia migratoria
La inspección se llevó a cabo en medio de fuertes críticas sobre la viabilidad financiera de una posible reapertura. Se cuestiona el gasto considerable que implicaría restaurar Alcatraz, especialmente en un contexto donde se ha señalado un incremento en la deuda nacional y la priorización de beneficios fiscales para sectores adinerados y corporaciones. La objeción principal se centra en la intención de reactivar una penitenciaría que fue clausurada precisamente por su alto costo operativo en su momento.
Alcatraz dejó de funcionar como prisión en 1963 debido a su deterioro y los elevados gastos de mantenimiento. En aquella época, se estimaba que se requerirían entre tres y cinco millones de dólares para llevar a cabo una renovación completa, una inversión que nunca se materializó. Ahora, el gobierno actual aspira a revivirla como parte de su estrategia migratoria, sin que el costo parezca ser un impedimento.
Alcatraz podría albergar hasta 366 reos, un número bajo comparado con otras prisiones del país
El presidente ha manifestado su interés en recluir en Alcatraz a los delincuentes más peligrosos del país. Esto incluiría tanto a ciudadanos estadounidenses que hayan cometido crímenes graves, como a individuos extranjeros que, siendo indocumentados o con situación migratoria regular, hayan incurrido en delitos antes de su posible deportación.
No obstante, la potencial reapertura de la cárcel plantea otras interrogantes importantes, particularmente en torno a su capacidad y gestión. El recinto puede albergar a un máximo de 366 reclusos, una cifra que se encuentra significativamente por debajo del promedio de otras instituciones penitenciarias.
Además, la supervisión de la prisión cambiaría de manos: si Alcatraz es reabierta, pasaría a ser administrada por la oficina de prisiones. Desde 1973, la icónica instalación ha estado bajo la tutela del Servicio de Parques Nacionales, y actualmente atrae a casi dos millones de turistas anualmente, generando una derrama económica aproximada de sesenta millones de dólares.
Aunque el presidente Trump ha afirmado que el proyecto ha estado en desarrollo por varios meses, todavía no se ha establecido un presupuesto definitivo para la iniciativa. A pesar de ello, se anticipa que la obtención de los fondos necesarios no representaría un obstáculo insuperable para la administración, dada su influencia en el Congreso y la disponibilidad de varias empresas privadas que han expresado su disposición a colaborar en el proyecto.
