La creciente y sistemática participación de menores de edad en actividades criminales, como consecuencia directa de su reclutamiento por el crimen organizado, es una herida que crece como parte de la crisis de seguridad en México.
Hace apenas unos años, en 2011, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), una entidad civil y rigurosa, calculaba que alrededor de 35 mil menores de edad estaban siendo utilizados por estructuras criminales. Ocho años después, en 2018, las propias autoridades nacionales elevaron esa estimación a la escalofriante cifra de casi 460 mil jóvenes involucrados.
Esta diferencia numérica de más de diez veces no es un simple margen de error; es un abismo de información que revela el colapso de cualquier intento gubernamental por construir una base de datos precisa y confiable sobre la población infantil vulnerable.
Y es aquí cuando surgen dudas: ¿cómo puede el Estado asegurar que tiene políticas públicas coherentes y dirigidas a la escala real del problema? En esencia, mientras que los grupos criminales evolucionan y perfeccionan sus métodos de captación, el Gobierno se queda rezagado, debatiéndose entre cifras irreconciliables.
Cerca de 30 mil menores de edad están vinculados con grupos de la #delincuencia organizada, advirtió la activista y fundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, tras participar en el Foro legislativo por las niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia.… pic.twitter.com/gaNV2NEq73
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 7, 2025
Al no haber siquiera una cifra precisa, el Estado no nos muestra su responsabilidad más básica: reconocer la dimensión del problema para, de una vez por todas, combatirlo con la seriedad y la inversión que demanda. La única certeza que nos queda es que la juventud del país está pagando el precio de este silencio cifrado.
¿Qué hace a los menores tan susceptibles al reclutamiento del crimen organizado?
El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado no es una calamidad aislada, sino el síntoma más desgarrador del fracaso sistemático en la implementación de políticas públicas efectivas. Los análisis existentes ya identifican una compleja "red de factores" que convergen para crear una fábrica de vulnerabilidad, agrupados en esferas que van desde lo individual hasta lo contextual.
Es un lugar común reconocer que la pobreza, el abandono familiar, la escasez de oportunidades y la constante exposición a la violencia son el caldo de cultivo del fenómeno. Sin embargo, lo que esta perspectiva realmente expone no es solo la complejidad del problema, sino la negligencia manifiesta del Estado para combatirlo en su raíz. En lugar de diseñar estrategias integrales que aborden esta compleja red de carencias, la respuesta gubernamental parece limitarse a reacciones punitivas de corto plazo que ignoran la dinámica social subyacente.
¿Falta de voluntad política? No todo es el contexto social de los menores
La omisión se agrava en las grandes concentraciones urbanas, donde la actividad ilícita encuentra su máxima expresión. En las ciudades, los asentamientos informales (que son, en esencia, territorios segregados y olvidados) se convierten en epicentros de la miseria. Estos barrios son definidos por una cruda realidad de desempleo masivo, inestabilidad habitacional, altos índices de pobreza y una calidad educativa precaria.
Bajo estas condiciones de vida, el Gobierno no solo retira su presencia, sino que permite que la lógica del mercado ilícito llene el vacío. La juventud, bombardeada por un "estilo de vida consumista" que es materialmente inalcanzable, se enfrenta a un desierto de oportunidades académicas o laborales significativas. El contraste entre la aspiración y la realidad se vuelve insoportable.
En este contexto de desesperación y vacío, la proliferación de pandillas y la circulación descontrolada de drogas y armas ilegales no son un accidente, sino la consecuencia lógica de un Estado que ha renunciado a su deber social.
El verdadero problema no es la falta de conocimiento sobre el fenómeno multifactorial, sino la falta de voluntad política para invertir en prevención profunda y estructura social, prefiriendo dejar a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes y vulnerables, a merced de las organizaciones criminales. El fracaso en la prevención es, en última instancia, el éxito del reclutamiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2015 estimó la cifra de menores captados en 30 mil, un número que ascendió dramáticamente a 460 mil, para el año 2018. Cada uno de estos casos es el resultado de condiciones sociales y estructurales desatendidas por el Estado, que son explotadas por grupos criminales, pandillas e incluso grupos familiares para su beneficio.
