Un tribunal federal dejó en libertad al empresario José Antonio Rico Rico, socio de Juan Collado. Rico Rico había sido sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, pero el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México lo absolvió al considerar que no se acreditaron los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, con base en ello salió del Reclusorio Preventivo Varonil Norte esta madrugada y ya se encuentra en casa, confirmaron fuentes cercanas.
Los magistrados concluyeron que no había delincuencia organizada ya que las operaciones financieras no se realizaron de manera reiterada y el dinero con el que se hicieron las mismas no tiene un origen ilícito, como lo sostenía la acusación en su contra, sobre la compra venta de un inmueble de Caja Libertad, por la cual pasó más de cuatro años y tres meses en prisión.
Los tres detenidos por el caso de Juan Collado ya están en libertad
Los tres detenidos por el caso ya se encuentran libres, es el caso de Juan Collado Mocelo, quien quedó en libertad provisional en septiembre pasado, quien había permanecido los últimos tres meses internado en un hospital privado, mientras que el 7 de diciembre salió José Antonio Vargas Hernández.
En julio de 2019, la FGR acusó a Collado Mocelo de beneficiarse de una supuesta autocompra del edificio de la zona comercial Centro Sur de la capital queretana, en complicidad con el expresidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico y José Antonio Hernández Vargas.
¿De qué acusan a Juan Collado y sus socios?
Según las investigaciones ministeriales, con un poder notarial ilegítimo, José Antonio Vargas Hernández, entonces representante de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V, vendió el inmueble a Libertad Servicios Financieros, por 156 millones de pesos más 17 millones de impuestos, de los cuales 24 millones de pesos habrían sido transferidos a las cuentas de Collado Mocelo.
Sin embargo, derivado de una denuncia ante la Fiscalía de Querétaro por despojo del inmueble, misma que se turnó a la delegación de la FGR, al considerar que se configuraba el delito de lavado de dinero, Ramos López resolvió que “no hay un origen ilícito en la adquisición de ese bien inmueble” desde diciembre de 1994 que la empresa Centro Sur S.A. de C.V. se lo compró al gobierno de Querétaro, por un millón 400 mil pesos.
