El astro del reggaetón Daddy Yankee ha vuelto a estar en el centro de la polémica: tras su divorcio, ha presentado una demanda millonaria contra su exesposa, en la que señala que las decisiones financieras y administrativas vinculadas a sus empresas podrían haber sido mal manejadas. Pero la controversia creció cuando en los papeles legales aparece también el nombre de su ex amigo cercano, lo que sugiere un posible conflicto personal, profesional y afectivo que va más allá de lo jurídico.
Según los documentos, a los que tuvo acceso el medio Record, el músico dio inicio este 29 de noviembre ante el Tribunal del Distrito de Puerto Rico a una demanda federal su exmujer Mireddys González, su exmanager Raphy Pina y otros colaboradores, señalándolos de participar en un supuesto plan fraudulento que habría funcionado durante una década.
Bajo la Ley RICO, que es aplicada en Estados Unidos para perseguir esquemas organizados de corrupción o crimen financiero, el cantante acusa a estas personas de manipular contratos, alterar registros de derechos de autor y desviar regalías que le correspondían.
Esto dice en detalle la demanda de Daddy Yankee
El texto de la presentación sugiere que, de 2015 a 2025, los involucrados habrían gestionado negociaciones fraudulentas mediante “split sheets” alterados, contratos modificados y documentación supuestamente falsificada para incluir al exmanager como coautor o beneficiario en múltiples canciones del cantante.
De esta manera, según los abogados de Daddy Yankee, habrían permitido el desvío sistemático de ingresos hacia empresas vinculadas al productor, sin participación creativa real ni conocimiento del artista.
Sin embargo, la defensa también denuncia que han aplicado tácticas de control emocional, manipulación y presunta intimidación para evitar cuestionamientos dentro de las empresas del músico, quien tuvo conocimiento de estas acciones después de separarse de González en el 2024.
Todos los involucrados en la demanda de Daddy Yankee
Además de González y Pina, la demanda legal también incluye al abogado Edwin Prado-Galarza, al productor Andrés Coll-Fernández y a varias compañías editoriales y discográficas asociadas a su exrepresentante. Todos, según los documentos, habrían tenido participación, directa o indirecta, en decisiones administrativas y contractuales que impactaron el flujo de regalías de Daddy Yankee.
A su vez, de acuerdo a la revista People, cuando el cantante retomó la supervisión interna de sus compañías tras su divorcio revisó los archivos y encontró señales que consideró suficientes para iniciar acciones legales. Actualmente, el artista sostiene que el presunto desvío de regalías afectó de manera significativa su patrimonio y su control creativo.
