La Fiscalía de Ecuador reveló nuevos detalles sobre una investigación que sacude a la opinión pública: una red de policías y civiles que revendía armas y municiones a grupos criminales, utilizando infraestructura estatal y métodos encubiertos para movilizar el armamento dentro del país. De acuerdo con las autoridades, seis uniformados y dos civiles están bajo custodia tras detectarse su participación en una red que extraía armamento donado por el gobierno de Estados Unidos a Ecuador, con fines de cooperación bilateral en seguridad, y lo desviaba hacia el mercado negro.
Rutas del tráfico: armas movilizadas en taxis y transporte interprovincial
Según la investigación, el armamento era sustraído de instalaciones oficiales y posteriormente trasladado en taxis o mediante empresas de transporte interprovincial, lo que permitía a los implicados evadir controles militares y policiales.
La Fiscalía de Ecuador especificó que los lotes de armas eran ofrecidos a organizaciones delictivas por precios que iban desde los 1,000 hasta 7,500 dólares, dependiendo del tipo y cantidad de material bélico.
Armas donadas para seguridad, ahora en manos de bandas criminales
La gravedad del caso aumenta debido al origen del armamento: las armas involucradas provenían de donaciones hechas por Estados Unidos al Estado ecuatoriano, con el propósito de reforzar la capacidad operativa de sus fuerzas del orden frente a amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.
La existencia de esta red no solo compromete la seguridad nacional, sino que plantea preguntas sobre los controles internos dentro de la Policía Nacional y la trazabilidad del armamento recibido por cooperación internacional.
Los implicados están detenidos y la investigación sigue en marcha
Los ocho involucrados se encuentran actualmente en detención preventiva, mientras la Fiscalía avanza con las indagaciones para determinar la posible participación de más funcionarios, el destino final del armamento, y el vínculo exacto con los grupos criminales que lo adquirieron.
Este caso ocurre en un momento crítico para Ecuador, donde el auge del crimen organizado ha generado una crisis de seguridad sin precedentes, con grupos armados expandiendo su influencia desde centros urbanos hasta zonas rurales y costeras.
