Silvano Aureoles logra suspensión provisional contra cualquier nueva orden de captura

Conceden suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra cualquier nueva orden de captura en su contra.

Fue en el Juzgado Noveno de Distrito con sede en la Ciudad de México (CDMX), desde donde se emitió la resolución, que incluye el pago de una garantía de 100 mil pesos.

El exmandatario está citado a audiencia de formulación de imputación el 20 de agosto ente un juzgado penal y se desconoce si se presentará o no, acusado por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta, por el presunto desvió de más 3 mil 412 millones de pesos por sobreprecio en la adquisición de siete cuarteles para la policía estatal.

Sin embargo, Silvano Aureoles busca el amparo, ya que tiene iniciadas al menos otras tres carpetas de investigación en su contra.

En mayo, el exgobernador de Michoacán gozaba de inmunidad, lo que le impedía ser detenido pese a existir una orden de aprehensión en su contra.

El mandato judicial fue emitido por una jueza del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Hasta el momento, no se ha registrado ninguna orden de captura contra él por los delitos de peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero o asociación delictuosa.

Anteriormente, la detención de Silvano Aureoles se vio suspendida tras la concesión de una suspensión provisional por parte de un juzgado federal.

El exgobernador enfrenta acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la adquisición de cuarteles para la policía estatal, cuyo valor asciende a 3 mil 400 millones de pesos.

El pasado 1 de marzo se giró una orden de aprehensión en su contra y la de algunos de sus excolaboradores. Las denuncias en su contra fueron presentadas hace dos años y medio.

En la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) ante una jueza federal sostiene que fue acusado por un daño patrimonial por 3 mil 400 millones de pesos por la adquisición presuntamente a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil en los municipios de Apatzingán, Coacolmán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.