El escándalo del fraude millonario relacionado con gasolina ilegal en México no es una sorpresa para analistas y senadores de oposición.
Según diversas fuentes políticas, las irregularidades fueron denunciadas desde hace al menos tres años, sin que se tomaran medidas contundentes. La magnitud del fraude, estimada en 170 mil millones de pesos, ha convertido este caso en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
Senadores de oposición exigen justicia para todos los implicados y critican la posibilidad de exoneraciones antes de que concluya la investigación.
“No estamos de acuerdo en que haya exoneraciones cuando ni siquiera ha concluido la investigación. Que caiga quien tenga que caer, porque este es el escándalo de corrupción más grande en la historia de México”, declaró el excandidato presidencial Ricardo Anaya.
Presunta complicidad de altos mandos
Carolina Viggiano, senadora del PRI, aseguró que delitos de esta magnitud solo pueden explicarse mediante la complicidad de altos mandos.
“No hay manera de que pueda ser de otra forma… Con Andrés Manuel López Obrador surgió el huachicol fiscal y él lo sabía, sin duda”, afirmó.
La legisladora insistió en que la investigación debe alcanzar a todos los responsables, sin importar su rango político o militar.
Exigen fin del pacto de impunidad: Así reaccionó el PRI
Entre los nombres señalados se encuentra el del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, y otros funcionarios cercanos al gobierno federal.
Manuel Añorve, otro legislador opositor, recordó que la narrativa oficial del gobierno sobre denuncias de corrupción no coincide con los hechos.
“No se puede creer que el presidente no estuviera enterado si hace dos años existían grabaciones y denuncias sobre el manejo de licitaciones, puertos y aduanas por sus familiares”, apuntó.
Incluso desde la bancada morenista, la presidenta del Senado ha exigido que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, dejando claro que no hay margen para la impunidad.
La presión política se intensifica mientras la opinión pública sigue de cerca los avances del caso, que podría redefinir la percepción sobre la lucha anticorrupción del gobierno federal.
