La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, estableciendo penas que van de 6 hasta 25 años de prisión. Aunque la intención es dotar al país de un marco legal unificado para combatir este delito, legisladores de oposición alertaron que la nueva normativa podría generar un “fraude a la ley” al provocar la reducción de penas y la libertad anticipada de delincuentes ya sentenciados en varios estados.
✅ Comisión de Justicia aprueba dictamen contra la extorsión
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
Con 25 votos a favor y 3 abstenciones, la propuesta establece penas de 6 a 25 años de prisión.
Será discutida mañana en el pleno; el PRI se abstuvo, argumentando necesidad de ajustes.
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Delito de extorsión se castigaría con 6 a 25 años de prisión
El dictamen fue aprobado con 25 votos a favor y 3 abstenciones (del PRI). La nueva ley establece que la extorsión se perseguirá de oficio y contempla 34 agravantes clasificadas en tres categorías para castigar las diferentes modalidades del delito. La discusión final se llevará a cabo el próximo miércoles, en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el PRI se abstuvo al considerar que la ley requiere “perfeccionarse en varios puntos”. El principal foco de alarma es el tipo penal básico, que estipula penas mínimas de 6 a 9 años de prisión.
Ley contra extorsión abre la puerta al riesgo de la libertad anticipada en varios estados
La preocupación central radica en que esta pena mínima federal es inferior a la pena máxima que actualmente se aplica en varios estados con alta incidencia delictiva.
El dictamen contempla que sentencias anteriores se podrían recalcular en el marco de la nueva ley, lo que abriría la puerta a la libertad anticipada de extorsionadores.
El diputado Alejandro Domínguez del tricolor alertó sobre la situación en estados como Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, donde la pena máxima actual por extorsión es significativamente más alta que la nueva propuesta federal.
Los cuestionamientos apuntaron a que si solo se considera un cálculo conservador de 100 sentenciados por estado en los territorios afectados, “son 500 personas que ya son sentenciadas, que van a salir antes” de prisión, expuso el priista.
Además de la Ley General de Extorsión, el dictamen también reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes clave, lo que subraya la amplitud de su impacto.
