En Hidalgo, agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) detuvieron al exalcalde de Singuilucan, acusado de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades por un monto que supera los 100 millones de pesos.
La captura del exfuncionario ocurrió en el municipio de Santiago Tulantepec, donde fue localizado tras una orden judicial. Posteriormente fue trasladado y recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, donde enfrentará los cargos que se le imputan.
De acuerdo con las investigaciones, el exalcalde está presuntamente vinculado con el caso conocido como “la estafa siniestra”, una red de corrupción en la que varios funcionarios públicos habrían desviado recursos mediante contratos simulados y empresas fantasma durante administraciones municipales anteriores.
El monto que se le atribuye al expresidente municipal de Singuilucan asciende a más de 100 millones de pesos, recursos que debían destinarse a programas sociales y obras públicas, pero que presuntamente fueron triangulados para beneficio personal o de terceros.
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— Leonardo Herrera (@herreleo) October 24, 2025
¿Qué fue la “estafa siniestra”?
La llamada “estafa siniestra” es uno de los mayores casos de corrupción en Hidalgo. Salió a la luz en 2022, cuando las autoridades estatales y federales descubrieron un desfalco millonario que involucraba a presidentes municipales, exfuncionarios y tesoreros de distintas demarcaciones.
El esquema consistía en simular contratos con empresas inexistentes o sobrevalorar servicios y adquisiciones, desviando los recursos destinados a proyectos públicos. En total, se calcula que el fraude rebasó los 522 millones de pesos, afectando directamente el presupuesto estatal y municipal.
Desde entonces, varias personas han sido vinculadas a proceso, entre ellas expresidentes municipales y funcionarios de primer nivel. El caso sigue abierto y continúa siendo un símbolo de la lucha anticorrupción en Hidalgo.
La ciudadanía ha exigido mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y sanciones más severas para quienes abusen del poder. El caso del exalcalde detenido vuelve a poner sobre la mesa la importancia de vigilar el uso del dinero público y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
