¡No para la censura en la 4T! El periodista Paco Cedeño, reconocido por su labor crítica en Cuautla, Morelos, fue denunciado ante Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por parte de la regidora municipal Anita Sánchez Guerra y la senadora Juanita Guerra, quienes lo acusan de violencia política de género. Esto, en un intento de silenciar su voz crítica hacia el poder.
El periodista ha dicho que lo único que ha hecho es señalar las irregularidades que ha visto en torno a la gestión de la regidora; sin embargo, la funcionaria lo increpó bajo el argumento de que estaba “mal informando a la gente”. Asimismo, señaló que fue demandado también por la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, hermana de la regidora, bajo el mismo argumento legal.
Como parte de la denuncia que presentaron las hermanas, solicitaron que Paco Cedeño se abstenga de mencionar a la regidora en sus transmisiones o que no se les cuestione nada, además de una sanción de hasta 60 mil pesos.
La censura de la 4T utilizando la figura de “violencia política de género”
Este caso se suma a la lista de cómo una herramienta legal, para proteger a mujeres en el ámbito político, está siendo pervertida para intimidar y coartar el trabajo de la prensa.
El uso de la denuncia por “violencia política de género” contra periodistas se ha convertido en una táctica cada vez más común entre funcionarios que no toleran el escrutinio público. En este caso, la denuncia contra Paco Cedeño es una respuesta a sus señalamientos sobre el desempeño de las funcionarias, un tema que es de interés público.
¡Al estilo de Diana Karina Barreras! Nuevamente una funcionaria hace uso del recurso de violencia política de género para silenciar a periodistas que exponen supuesta corrupción.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 23, 2025
Exige que el medio se disculpe por 15 días consecutivos por revelar un presunto desvío de 898… pic.twitter.com/Ic2JNIiTfY
En otras entidades, periodistas han sido silenciados y forzados a eliminar contenidos de sus plataformas por órdenes judiciales, basadas en denuncias por supuesta violencia política, como es el caso de:
- El portal de noticias Acapulco Trends acusó directamente a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de utilizar el argumento de “violencia política de género” como pretexto para silenciar una investigación que señala un desvío de dinero de 898 millones de pesos en su gobierno. La supuesta imposición del Tribunal sería obligar al medio a disculparse “durante 15 días consecutivos” ante la alcaldesa y una multa de hasta 22 mil pesos.
- Una jueza en Campeche resolvió que el periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna tienen prohibido hablar sobre la gobernadora Layda Sansores, y va más allá: exige que un interventor judicial revise y apruebe previamente cada nota, comentario o programa antes de su publicación.
Esto genera un periodismo sesgado, además de comunicadores con temor a investigar y señalar las acciones incorrectas de políticos por las consecuencias legales que podrían tener.
