Organizaciones y representantes de la sociedad civil emitieron un contundente comunicado manifestando su respaldo pleno a la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Dra. Vania Pérez Morales, y a los consejeros que exigieron investigar las discrepancias en las declaraciones patrimoniales y fiscales del senador Adán Augusto López Hernández. La nota central de la protesta fue la censura institucional que sufrió el SNA al retirar el comunicado oficial.
Ciudadanos representantes de diversos Comités de Participación Ciudadana, y yo, lanzamos esta mañana este comunicado; fruto del trabajo colectivo por la integridad pública. Queremos una investigación a profundidad por las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del… pic.twitter.com/1I5j1LAoy9
— Vania Pérez Morales (@vaniadelbien) October 20, 2025
Censura en el SNA por exigir investigación a Augusto López Hernández
La protesta de la sociedad civil se enfocó en el retiro del posicionamiento público que cuestionaba al exgobernador de Tabasco, calificándolo como un “acto de censura institucional sin precedente”. Las organizaciones lamentaron que el SNA haya sido silenciado en el momento en que cumplía su función esencial: exigir transparencia a figuras de alta influencia política.
Las organizaciones consideraron “inaceptable y preocupante” que el comunicado haya sido retirado bajo el argumento de no ser “colegiado”, y señalaron que esto “vulnera el principio de autonomía ciudadana” del SNA. Asimismo, destacaron que la corrupción parece tener defensores incluso dentro de las instituciones creadas para combatirla.
SNA exige investigar a Adán Augusto López Hernández
Las organizaciones rechazaron cualquier intento de desacreditar o silenciar a la presidenta Vania Pérez Morales, defendiendo su “congruencia, ética y valentía institucional” al señalar irregularidades y exigir transparencia en los altos cargos.
El comunicado exige que el Comité Coordinador del SNA tome medidas concretas para restablecer la integridad del Sistema y garantizar la investigación de Adán Augusto López como la restitución del posicionamiento original y que se reconozca la legitimidad del pronunciamiento ciudadano.
Asimismo, que se garantice que ningún funcionario o consejero actúe por encima del principio de colegialidad o use su cargo para “proteger intereses políticos o personales”.
La sociedad civil reafirma su compromiso de no permanecer callada y exige que las autoridades investiguen las 37 denuncias penales presentadas contra Adán Augusto López por un presunto quebranto cercano a los 800 millones de pesos en Tabasco.
