Este 13 de octubre, la Cámara de Diputados concluyó las audiencias públicas convocadas para analizar la reforma a la Ley de Amparo, un proceso que se extendió durante tres días y en el que participaron 45 ponentes expertos en derecho, constitucionalismo, justicia restaurativa y administración pública.
Tras el retiro del PAN de la sesión, el dictamen que retoma la iniciativa de la presidenta fue aprobado con 68 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Posteriormente, el diputado Leonel Godoy señaló que podrían presentarse algunas reservas, las cuales serán discutidas hoy en la Junta de Coordinación Política antes de ser enviadas al pleno.
Además, precisó que es posible realizar modificaciones al artículo tercero transitorio, relacionado con la armonización de la ley con los criterios jurisprudenciales vigentes.
Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, declaró que algunos puntos de esta reforma son limitar los efectos generales de las suspensiones, agilizar la resolución de los juicios y revisar los criterios de interés jurídico y legítimo.
Sin embargo, esto encendió las alarmas en la morenista y exministra Olga Sánchez Cordero:
"La definición que ahora se propone de interés legítimo, individual o colectivo, condicionado a demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto, restringe, en mi opinión, el acceso a la justicia constitucional".
Con la reforma a la Ley de Amparo, ciudadanos quedarán indefensos: oposición
Senado elimina artículo polémico de Ley de Amparo, pero expertos advierten riesgos
El propósito declarado de las audiencias fue analizar la minuta enviada por el Senado, misma que originalmente incluía un artículo transitorio que proponía aplicar la Ley de Amparo de forma retroactiva. Este artículo polémico fue eliminado en la aprobación del Senado, junto con otras cláusulas que limitaban la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones.
Especialistas advirtieron que la reforma, impulsada por el Ejecutivo, “carga los dados” a favor del gobierno, al establecer estándares de actuación para los jueces y restringir el otorgamiento de suspensiones. Esto podría debilitar la función principal del juicio de amparo: proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos o errores del gobierno.
Críticas de expertos y asociaciones por reforma a la Ley de Amparo
Durante la tercera “Audiencia Pública sobre la Ley de Amparo”, nueve expertos expresaron su rechazo a la reforma, señalando que distorsiona la figura de la suspensión y genera desconfianza en los jueces.
José Ángel Santiago Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y colegios de abogados, destacó que los legisladores deben garantizar que las normas no generen ventajas indebidas para alguna de las partes en un juicio de amparo, algo que, según él, ocurre con la minuta propuesta.
“De aprobarse la minuta en sus términos… basta con que los jueces verifiquen que se actualiza un daño al interés social o a disposiciones de orden público para negar la suspensión… introduce el elemento de interés público, y cuando se analiza el interés de la Administración, se sugiere que se negará la suspensión cuando pueda afectar al gobierno, que es precisamente una de las partes en el juicio de amparo”, señaló Santiago Ábrego.
