Tras la aprobación de la Ley General de Aguas por Morena y sus aliados en el Congreso, campesinos y políticos de la oposición han señalado que, más que un avance para garantizar el derecho humano al agua, esta podría abrir la puerta a penalizar prácticas comunes del campo, como compartir agua con vecinos o construir pequeñas represas para captar lluvia.
El senador del PAN, Mario Vázquez, fue uno de los primeros en advertirlo: “Un bordo o una pequeña represa para conservar agua de lluvia puede interpretarse como delito”, afirmó durante el debate en el Senado, luego de que la Ley fuera aprobada por "fast track" en la Cámara de Diputados.
La nueva #LeyDeAguas fue aprobada sin consulta y basada en una narrativa que, criminaliza prácticas comunes del campo. pic.twitter.com/VDlJcSOnhE
— Mario Vázquez Robles (@MarioVzqzR) December 5, 2025
¿Qué cambia con la Ley General de Aguas?
El dictamen fue aprobado en medio de una sesión maratónica en San Lázaro y un paso exprés en el Senado. De hecho, legisladores del PAN y del PRI acusaron que ni siquiera se leyeron los 124 artículos completos antes de votar.
Los cambios centrales incluyen:
- Priorizar el derecho humano al agua.
- Eliminar la compraventa de concesiones entre particulares.
- Crear el Registro Nacional del Agua (RENA).
- Endurecer sanciones para quienes incurran en delitos hídricos.
Hasta aquí, los puntos parecen positivos, pero las organizaciones del campo alertan sobre efectos que podrían pegar directamente a pequeños productores.
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¿Por qué preocupa a los campesinos?
Antes, si un campesino vendía su parcela, podía transferir la concesión de agua. Ahora todo quedará sujeto a una reasignación federal, lo cual cuál campesinos aseguran que baja el valor de la tierra y genera incertidumbre.
También señalan que se les podría atribuir sanciones económicas elevadas y o un riesgo de incurrir en delitos hídricos, incluso por prácticas tradicionales que no dañan el ecosistema. Entre otras demandas:
- Riesgo de que concesiones históricas no sean renovadas, afectando cultivos que dependen del riego.
- Sin apoyos para infraestructura hídrica, como tecnificación de riego o captación pluvial.
- Desprotección frente a grandes empresas, lo que podría profundizar desigualdades.
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 22, que elimina la libre transferencia de concesiones entre particulares y obliga a que cada cambio pase por el gobierno federal. Para campesinos, esto significa depender totalmente de la decisión de Conagua.
La reforma pasó rápido: dudas sobre la Ley de Aguas
En una jornada maratónica, la Ley General de Aguas fue aprobada por los diputados tras 24 horas de debate, y posteriormente el Senado la recibió y la declaró de urgente resolución, sin pasar por comisiones.
Finalmente, la reforma se aprobó en lo general este jueves 4 de diciembre con 86 votos a favor y 36 en contra. Pero expertos aseguran que nunca hubo una consulta indígena ni se asignó presupuesto para aplicar estos cambios.
Mientras el gobierno defiende la medida como un acto de “justicia hídrica”, productores temen que, con esta reforma, actividades básicas del campo puedan convertirse en delitos.
